“Del trabajo del obrero nace la grandeza de las naciones”: León XIII.
- Cerca, fin del charrismo.
- T-MEC obliga a modificar leyes laborales
- Ratifica México el convenio 98 de la OIT
- “Esfuman” fortunas acopiadas por narcos
Ciudad de México, 13 de diciembre de 2018.- Durante la renegociación para actualizar el Tratado comercial México-EU-Canadá, el gobierno mexicano se comprometió a emprender cambios legislativos específicos para garantizar el derecho a la negociación salarial colectiva, lo cual implica terminar con los llamados “contratos de protección”. El pasado 23 de noviembre, el gobierno mexicano llevo ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) el instrumento de ratificación del Convenio 98 sobre el Derecho de Sindicación y de Negociación Colectiva, con lo cual empezó a correr el plazo de un año para que se adopten las leyes que faciliten su aplicación. En otras palabras, se acerca el fin del charrismo sindical.
La inclusión de un capítulo laboral en el nuevo Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y la aprobación del Convenio 98 de la OIT, sacó a flote la realidad del sindicalismo a la mexicana. Bajo la figura de los contratos de protección operan los llamados sindicatos blancos, es decir, aquellos que supuestamente se encuentran inscritos, pero no representan a los trabajadores ni presentan actividad. Además, propician asociaciones, las cuales se dicen sindicatos y hallan una forma de negocio a través de la extorsión, como ocurre en la construcción, donde amenazan con huelgas si se niega contribución. Más del 90 por ciento de los contratos en el país son de protección, estimó Pablo Franco, secretario general de Asuntos Colectivos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje.
De acuerdo al capítulo laboral del T-MEC, hay disposiciones específicas para México como garantizar el derecho de los trabajadores a participar en actividades de negociación colectiva y a formar o afiliarse al sindicato que elijan. Asimismo, establecer órganos independientes e imparciales para registrar elecciones sindicales y resolver disputas relacionadas con contratos colectivos y garantizar la transparencia de los mismos, entre otros. México se comprometió a adoptar y mantener en la ley y en la práctica los derechos laborales como se plantean en la OIT. Nuestro país garantiza tanto la libre afiliación sindical (sin condicionamientos de ningún tipo), como la libertad de los trabajadores de elegir democráticamente a sus representantes.
Estados Unidos y Canadá sostienen México compite deslealmente en la atracción de inversiones al tener una legislación laboral laxa que, al no proteger la negociación colectiva, da pie a salarios bajos. Una oferta de mano de obra calificada, pero de bajo costo, ha sido factor crucial de México para atraer inversiones manufactureras, propiciando en numerosos casos el traslado de líneas de producción de Canadá y Estados Unidos hacia el país. Ahora, en el nuevo pacto, las partes se comprometen a aplicar los rubros relativos a la libertad de asociación; derecho a la libre contratación colectiva; acceso a una justicia laboral independiente; condiciones aceptables de trabajo respecto a salarios mínimos; horas de trabajo y seguridad social y ocupacional; prohibición del trabajo infantil; y prohibición del trabajo forzoso u obligatorio.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, tiene contemplada la aprobación en el Congreso de las leyes secundarias sobre justicia y conciliación laboral antes de concluir este año, tal y como lo estipula el T-MEC. “Es un área de gran preocupación para López Obrador, el tener sindicatos libres. México tiene lo que se llama sindicatos “charros”, que son básicamente sindicatos fraudulentos, muy corruptos y tradicionalmente en complicidad con autoridades locales”, comentó Jesús Seade, negociador del equipo del presidente electo en las pláticas de renegociación, quien subrayó el nuevo gobierno está muy consiente que aprobar leyes secundarias laborales es un compromiso contenido en el Anexo 23-A del acuerdo conocido en inglés como USMCA.
La reforma de las leyes secundarias sobre justicia y conciliación laboral era parte del mandato de López Obrador ganado en julio, mencionó Seade. “Es la expectativa de las partes que México deba adoptar la legislación descrita aquí antes del 1 de enero de 2019. Se entiende además que la entrada en vigor del Acuerdo podría ser dilatada hasta que tal legislación sea efectiva”, establece el Anexo 23-A del USMCA.
En el proyecto de decreto para reformar la Ley Federal del Trabajo –elaborado bajo la supervisión de Luisa María Alcalde, secretaria del Trabajo- se establecen disposiciones para que los sindicatos transparenten sus cuentas y se advierte que éstos deberán crear mecanismos que sancionen a los responsables del manejo indebido de recursos. Además, sanciona malas prácticas por parte de abogados litigantes, representantes o testigos en juicios laborales. Asimismo, el documento también señala que los trabajadores tienen el derecho de pertenecer o no a un sindicato, es decir, el principio de libertad sindical. Esta nueva legislación laboral representa el principio del fin del sindicalismo “charro”.
“Cuando se habla de sindicalismo en México, lo que se viene a la mente es corrupción, opacidad, poca o nula defensa de los trabajadores y sumisión ante el poder, y es una fama bien ganada”, señala el abogado laborista Farid Barquet. “Los sindicatos en México no son factor de deliberación ni movilización, sino de contención, al contrario que en el resto del mundo”, subraya el especialista de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). En el país, los sindicatos son la segunda institución peor valorada por los ciudadanos, solo después de los partidos políticos.
El sindicalismo ha sido una pieza fundamental en el engranaje político que surgió con el fin de la Revolución Mexicana. El maridaje entre los sindicatos y el régimen de partido único, el cual predominó hasta el 2000, se consolidó con el nacimiento de los llamados sindicatos charros en 1948. Los sindicatos charros se caracterizan por un marcado carácter antidemocrático, con direcciones perpetuas y un estricto control de sus agremiados. El charrazo y el corporativismo marcaron la lucha sindical de México. Los secretarios generales de los sindicatos son protagonistas del tablero político: concentran el poder, fijan a placer y con discrecionalidad los estatutos y las cuotas sindicales, ostentan cargos políticos (con el amparo del fuero legal) y contaban con la cláusula de exclusión, que obligaba a todos los trabajadores a pertenecer al sindicato y dejaban sin trabajo a cualquier persona que lo dejara. El resultado: la disidencia era nula y el control, total. La prioridad política sindical fue mantener la estabilidad y el control para hacer atractiva la economía para nuevos capitales.
Así es como se explica la existencia de nefastos líderes sindicales como Carlos Romero Deschamps, dirigente del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM); Joel Ayala, líder de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado; Isaías González, líder de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC); o Rodolfo González Guzmán, líder de la Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM) así como de los líderes ¿o dueños? de la CTM .
NARCOS ¿JODIDOS?
En Bacalar, Quintana Roo, se llevó a cabo la quema de mil 396 y pico de kilos de cocaína la cual fue encontrada en una aeronave abandonada en las pistas de la terminal aérea de Chetumal al no contar con el permiso de aterrizaje. Estuvieron miembros del Ejército y elementos de la PGR. El decomiso lo hicieron el primer día de diciembre cuando apenas arrancaba el nuevo gobierno federal. Sin embargo y pese a tiempo transcurrido, es poca la importancia dada a la información oficial y correcta. Los números no les cuadraron desde el primer reporte. Se habló de la incineración de casi tonelada y media; consideraron permitían hasta 50 millones de dosis y, por si fuera poco el valor dado sumaba más de dos billones de pesos.
Afirmaron sobre esta destrucción, se logró evitar el consumo tanto en nacionales como en turistas del estupefaciente, o sean dieron por anulado solamente era droga de paso. De ser así ya se puede entonces establecer la magnitud de penetración de los grupos de narcomenudeo asentados en Quintana Roo, pero también de las fortunas captadas una vez llevada a cabo la venta de todos esos kilos. Estas quemas se realizaban con mucha frecuencia en el pasado, cuando las cifras económicas no alcanzaban para registrar ventas por billones. Con lo hoy conocido puede establecerse no ha existido en los gobiernos federales de por lo menos hace 24 años ni siquiera la intención de liquidar semejante negocio, no se ocuparon por quitarle un pluma a esos gallos sino se dedicaron a compartir ganancias.
Estas cifras ilustrando los ingresos de venta de una tonelada, lleva a la pregunta obligada sobre el monto de las fortunas de los grandes en el traslado, de Guzmán Loera, de Zambada, la de los Arellano, los Esparragoza, los Carrillo, entre otros solicitados por el gobierno de EU para ser juzgados por la introducción de muchas, muchas, toneladas de cocaína, de marihuana, de heroína o de drogas sintéticas. Se ha visto radica el interés del vecino del norte en darles un buen zarpazo a esas riquezas de las cuales aseguran se depositan a un fideicomiso para combatir al narco, pero en la realidad no se sabe a dónde van a parar.
Se considera como tesoros lo acumulado por los grandes capos, pero como sucede con aquellos convertidos en leyenda nadie los ve una vez mueren o son aprendidos sus dueños. Las construcciones de Pablo Escobar, por ejemplo, son en el presente atractivo turístico colombiano, pero de las caletas o mejor dicho del interior y ubicación de estas, nadie sabe y nadie supo. Sobre las propiedades del Señor de los Cielos, Amado Carrillo, se difundieron fotografías de mansiones ubicadas en el extranjero, en México nada. El Chapo declaró no tener dinero ni para pagar un abogado, los declarantes en su juicio aseguran repartió millones y millones de dólares a conocidos personajes políticos pero también a sus leales.
Cuando aprehenden a un miembro de la mafia y lo presentan como líder o brazo derecho o el más cercano operador o el más importante lavador de dinero de los cárteles, resulta andan como Ernesto Zedillo, “sin cash”. Unos cuantos pesos y otros tantos dólares, hasta ahí. Curiosamente, al término del mandato de EZ, transportaron por trenes, durante unos años, 50 toneladas de cocaína según lo dicho por Tirzo Martínez, alias El Futbolista. El destino de la carga de los cárteles de Sinaloa y de Juárez a Chicago, Los Ángeles, Nueva York.
Como puede apreciarse el poder económico del narco es inmenso y lo que se hace público es ridículo ante los capitales y propiedades acumuladas. ¿Cuántos fueron despojados de dinero y bienes por parte de los EU? ¿Cuántos han comprado reducción de condenas? Los familiares de los extraditados e inclusive de quienes permanecen en penales de alta seguridad en México, viven bien, sin carencias y pagan altas sumas a los abogados defensores. Para Emma Coronel, última esposa de Guzmán Loera, esta etapa es de pesadilla –la del juicio- y desea ver a su marido libre para irse a cualquier punto en donde puedan vivir tranquilos. Reconoce el gusto de su marido por saberse famoso y sabe el proceso que enfrenta se lo permite.
Tal vez para JGL es esta otra partida de ajedrez. Solamente que, en su país natal, ya se tiene una ley para poder investigar a fondo y llegar a la incautación de bienes para ser depositados en las arcas del gobierno para darles utilidad en beneficios colectivos. La persecución de ciudadanos en busca de lavado de dinero disminuirá notablemente ante objetivos superiores, aunque nada de lo hecho aquí podrá evitar preguntarnos una y otra vez ¿todos los millones obtenidos con la venta directa de la droga a los consumidores en Estados Unidos, en donde y quienes los lavan?
DE LOS PÁSILLOS
No conformes con pasarse por el arco del triunfo los derechos laborales de quienes trabajaron en el Frontón México y darles carpetazo a sus demandas permitiéndose así la reapertura del lugar al cual asistieron los “grandes” del gabinete de Peña Nieto, también metieron la mano al Hipódromo. No se les fue ningún renglón en donde notaran podían hacer negocio y obtener ganancias fuertes y muy rápido o convertirse en accionistas… Si se les sigue pasando la mano a los ministros de la SCJN, a los jueces y si tantito le mueven a los Fiscales estatales; pueden aplicarles los legisladores federales y locales juicios políticos y con ello darse por despedidos. Se afirma no hay muchos que puedan soportar investigaciones sobre sus bienes, pero también sobre sus actuaciones, determinaciones y votaciones. Y todo conforme a la Ley que se ve desconocen.
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