Es notorio el incremento de la violencia de las bandas del crimen organizado en esta capital. En solo dos días de fin de semana hubo 10 homicidios dolosos y varios heridos, más un enfrentamiento entre internos en el Penal de Tepic que arrojó un muerto y una decena de heridos.
Por supuesto este problema no se resolverá de la noche a la mañana. Sin embargo la ciudadanía exige resultados.
Cuando un reportero preguntó al gobernador Antonio Echevarría García que se hace para contener la violencia del crimen organizado éste reviró que se lo preguntaran al Secretario de Seguridad Pública Estatal, comandante Javier Herrera Valles.
Esta actitud del mandatario nayarita revela lo que será su estilo personal de gobernar, esto es, que delegará toda su confianza y responsabilidad en cada uno de los miembros de su gabinete para que sean ellos los que implementen las políticas públicas en cada una de las áreas de gobierno; en otras palabras, descentralizará el poder, por lo tanto serán estos servidores públicos los que estarán sometidos al diario escrutinio popular.
Se infiere que si son ineficientes o esquivan su responsabilidad por sentido común deberán ser separados del cargo.
Una manera de conocer el desempeño de cada uno de los miembros de gabinete es la propuesta del comisionado estatal del Instituto de Acceso a la Información Pública Gubernamental, Lic. Joel Salas. Sugirió la implementación de un gobierno abierto, esto es, que todas las dependencias de los tres órdenes de gobierno actualicen sus portales informativos de tal forma que cualquier ciudadano conozca en qué, cómo, dónde y cuánto se gasta en obras públicas, en la adquisición de bienes y servicios y el listado de beneficiarios de los programas sociales. Es decir, transparencia y rendición de cuentas. De la denuncia pública de los actos de corrupción de los servidores públicos debe pasarse a la exigencia de fincar responsabilidades ante la Fiscalía General para que se aplique la Ley. Solo así se combatirá la corrupción y la impunidad…
Disputa por la clientela electoral-La tragedia que viven miles de damnificados y la muerte de miles de seres humanos a consecuencia de los pasados sismos en varias entidades de la república parece que sensibilizó notablemente a los partidos políticos.
En los primeros días después de los terremotos los líderes nacionales se hicieron patos, salvo MORENA que solicitó al Instituto Nacional Electoral (INE) que el 50% de las prerrogativas destinadas a la campaña presidencial del próximo año fueran destinados al apoyo a damnificados. Los demás argumentaron que sería incurrir en la ilegalidad.
Pues bien fue tanta la presión pública que los partidos agrupados en el frente ciudadano de México (PAN-PRD y Movimiento Ciudadano) propusieron finalmente destinar el 100% de sus prerrogativas extraordinarias que se invertirían en la campaña presidencial del año próximo, en tanto que MORENA aprobó en su último pleno destinar el 50% de sus prerrogativas extraordinarias de la competencia presidencial.
Ante este pujo para ver quien ofrecía más, el PRI se sacó de la manga que de igual manera que el “frente” fuera el 100% de sus prerrogativas. Pero fue más allá su dirigente nacional Enrique Ochoa Reza propuso que dado la magnitud de la tragedia era necesario hacer reformas constitucionales para que se quitara la totalidad del financiamiento público a los partidos políticos de manera indefinida. Y en esta puja para ganar la benevolencia pública el líder del tricolor señaló que su partido promoverá en el Congreso de la Unión que se eliminen las candidaturas plurinominales.
Por otro lado el dirigente priísta anunció que se presentó ante el INE para que los 250 millones de pesos de prerrogativas ordinarias que debería de gastarse para este año se regresaran a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que ésta lo destinara a los damnificados de los terremotos.
Particularmente la propuesta del líder nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza infunde el sospechosismo dadas las circunstancias políticas por las que atraviesa ese instituto político que son de profunda desconfianza en la mayoría de los mexicanos.
La quita total del financiamiento público a los partidos políticos y en cambio sí se legaliza el financiamiento privado a las campañas electorales se abriría las puertas a que poderosos empresarios y el dinero sucio de los carteles de la droga y del crimen organizado se apoderaran del poder político y, por ende de todas nuestras instituciones republicanas. Por lo tanto es una posición marrullera con fines publicitarios.
En cuanto a la eliminación de las diputaciones plurinominales es otra tetra del mismo talante. No creo que el PRI tenga los votos suficientes en el Congreso de la Unión para lograrlo.
Si los partidos políticos deciden contribuir a la reconstrucción de las zonas siniestradas por los sismos un consejero del INE propuso dos rutas; a saber:
1.-Que el financiamiento ordinario que resta por entregar para este año sea depositado a un fideicomiso ciudadano de manera que sea administrado con transparencia.
2.-Que el 50% de financiamiento a la campaña presidencial del 2018 sea destinado a ese fideicomiso. Dejémonos de poses demagógicas o de simulaciones…
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